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Tots els plans urbanístics projectats al País Valencià i, per tant, a la comarca, que encara no han estat realitzats poden ser paper paper mullat en virtut d'una sentència del Tribunal Suprem que anul·la la modificació del Pla General (PGOU) de Castelló de la Plana. La sentència crea jurisprudència i deixa sense arguments a part de l'antiga Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística (LRAU) així com a la seua substituta, la Llei Urbanística Valenciana (LUV), i posa contra les cordes als ajuntaments i al Consell.

 

Cal recordar que a Cullera es planifiquen plans urbanístics a gran escala, així com a Favara i Llaurí, entre altres pobles. En el cas de Sueca podria afectar, entre altres, el PAI C-9 (ubicat entre el camí de la Torreta i la N-332, i que en el seu dia fou protestat pels propietaris afectats) així com el del camí de Riola, del que depenen els terrenys per la ca construcció dels nous jutjats i la nova caserna de la Guàrdia Civil.

 

A la sentència es deixa clar que la LRAU (també ho contempla així la LUV) no garanteix la participació dels propietaris en aquest tipus d'actuacions urbanístiques tal i com exigeix la Llei del Sòl estatal de 1998. L'Ajuntament de Castelló es planteja, a hores d'ara, recórrer davant el Tribunal Constitucional.

 

Pel seu interès, reproduïm íntegrament les notícies aparegudes als diaris El País, Las Provincias i Levante-EMV:

  

 
El Supremo afirma que la derogada LRAU no garantizaba la participación

 

EP - Castellón - 06/01/2009
El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castellón por parte de la Generalitat en marzo de 2000 porque el Ayuntamiento obvió un nuevo trámite de información pública que recogiese las modificaciones al documento inicial. El tribunal ordena la retroacción del procedimiento al momento posterior a la aprobación provisional para que se cumpla la ley y se exponga el plan al público.

 

El vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, aseguró ayer que el Ayuntamiento "pondrá la maquinaria municipal al servicio de la situación para acatar la sentencia y poder tener en vigor el PGOU en el más breve periodo de tiempo". El TS anula la sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, que desestimó el recurso de tres vecinas de Castellón contra la aprobación definitiva de la revisión del PGOU. Estas alegaron que la ya derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) incumplía la Constitución. El Supremo considera que "la regulación establecida en la LRAU no garantiza la participación pública en el proceso de planeamiento, que es lo exigido de manera inequívoca" en un artículo de la Ley del Suelo de 1998. Por ello, "la sentencia recurrida ha infringido esta norma básica precisamente por no haberla aplicado ni tomado siquiera en consideración", reprocha el alto tribunal al TSJ.

 

Moliner consideró al Ayuntamiento "víctima" de un "defecto de forma" provocado por la "colisión legislativa entre la LRAU y la Ley Estatal del Suelo de 1998". A su juicio, "la jurisprudencia que sienta esta sentencia es preocupante para todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, ya que toda actuación urbanística entre 1994 y 2006 queda colgada de un hilo".

 

Moliner defendió que el Ayuntamiento "cumplió escrupulosamente todos los preceptos de la legislación" y que, "según la LRAU, no había necesidad de una nueva exposición al público de los cambios introducidos antes de la aprobación definitiva". El vicealcalde se refirió también a un voto particular emitido por una de las magistradas del alto tribunal, "en el que asegura que la cuestión de inconstitucionalidad de una ley no le corresponden dirimirla al Supremo". El vicealcalde señaló que, tras la sentencia, permanece vigente el PGOU de 1984, y afirmó que "la aprobación de licencias urbanísticas continuará adelante, con las reservas legales respecto a su validez, ya que estarán supeditadas a la aprobación definitiva del PGOU de 2000". Moliner no descartó recurrir el fallo al Constitucional.

 

El portavoz del grupo socialista, Juan María Calles, consideró la sentencia "un revés jurídico sin precedentes en el urbanismo español" y pidió responsabilidades políticas al PP en el Consistorio. El gobierno popular, aseguró Calles, "ha generado un caos sin precedentes en la unidad urbana de Castellón" y ahora "los planes urbanísticos como los del Puerto, el PAI Sensal, Parc Castelló o el Paraje del Molí de la Fonf no se sabe si están bien informados o no". También recordó que el TSJ anuló recientemente el PAI del Mestret, y acusó al PP de "malas prácticas urbanísticas".

 

 

Castellón afirma que la paralización de su PGOU por el Supremo no frenará su desarrollo
 

 

06.01.09 - A. BURGOS| CASTELLÓN
La sentencia del Tribunal Supremo que anula la aprobación definitiva del Plan General de Castellón del año 2000 "no paraliza la ejecución de ningún proyecto, ni suspende los procedimientos tramitados hasta la fecha". Con estas palabras, el vicealcalde, Javier Moliner, explicó que lo que anula el fallo "es la aprobación del PGOU por un defecto de forma, al entender que existe una colisión legislativa entre la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), derogada en 2006 por la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y la Ley Estatal del Suelo de 1998, pero en ningún momento se declara ilegal el planeamiento".

 

De hecho, la sentencia se basa en que el PGOU no se volvió a someter a información pública tras incorporar las modificaciones realizadas al documento provisional aprobado por el pleno en mayo de 1999, antes que el Consell lo ratificara de manera definitiva en el 2000. Al respecto, la sala considera que no hubo suficientes garantías de participación pública en la aplicación del procedimiento establecido en el punto segundo del artículo 38 de la LRAU.

 

Según este epígrafe, "no será preceptivo reiterar el trámite de exposición al público en un mismo procedimiento, ni aun cuando se introduzcan modificaciones sustanciales en el proyecto, bastando que el órgano que otorgue la aprobación provisional notifique ésta a los interesados personados en las actuaciones". Por este motivo, el Supremo ordena ahora "la retroacción del procedimiento administrativo al momento inmediatamente posterior al acuerdo de aprobación provisional para su sometimiento a un nuevo trámite de información pública".

 

Al respecto, Moliner indicó que mientras los servicios jurídicos estudian si se presenta o no un recurso ante el Tribunal Constitucional, "el Ayuntamiento ya ha puesto a trabajar la maquinaria municipal para acatar la sentencia y que el PGOU entre en vigor lo antes posible".

 

Así, el Plan se volverá a someter "en breve" a información pública durante un mes para que los interesados puedan presentar alegaciones y, posteriormente, el Consistorio volverá a remitir el documento al Consell para su aprobación definitiva. "No hay ni una calle fuera de ordenación y, aunque tras la sentencia permanece vigente el PGOU de 1984, seguirá adelante la aprobación de nuevas licencias urbanísticas, con la condición de que éstas estarán supeditadas a la aprobación definitiva del PGOU del año 2000", indicó Moliner.

 
Pendientes de un hilo
El vicealcalde advirtió de que la jurisprudencia que asienta este fallo "es preocupante para todos los ayuntamientos de la Comunitat, porque las actuaciones urbanísticas desarrolladas entre 1994 y 2006, periodo de vigencia de la LRAU, quedan pendientes de un hilo".

 

El portavoz del PSPV en Castellón, Juan María Calles, valoró la sentencia del Supremo como "un revés jurídico sin precedentes en el urbanismo español" y exigió a los populares "responsabilidades políticas". El del Bloc, Enric Nomdedéu, valoró que con la LRAU "se han aprobado decenas de PGOU en la Comunitat, pero la diferencia es el trato que el PP ha dado a los vecinos".

 

 

 

La Ley Urbanística Valenciana mantiene el precepto que el alto

 

Joan Mestre, Castelló
La sentencia del Tribunal Supremo que anula la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2000 de Castelló por no exponerse al público y que censura la antigua Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), sienta una jurisprudencia "francamente preocupante para el conjunto de los ayuntamientos valencianos ya que toda actuación urbanística de 1994 a 2006 -período que estuvo en vigor la LRAU- queda ahora colgada de un hilo". Así lo aseguró ayer el vicealcalde y edil de Urbanismo de Castelló, Javier Moliner. El fallo del alto tribunal no sólo hace peligrar los planes tramitados por la antigua LRAU, si han sido recurridos ante la justicia, sino que también los que se rigen por la actual Ley Urbanística Valenciana (LUV) en el caso de futuros contenciosos. La LUV mantiene tal cual el artículo de la LRAU cuya aplicación el Supremo ve incongruente con la Ley del Suelo y la Constitución.

 

El concejal del PP compareció ante la prensa para expresar la "preocupación" del ayuntamiento por una resolución que cuestiona, dijo, "la constitucionalidad de la LRAU". El fallo del Alto Tribunal, adelantado en exclusiva por Levante-EMV y que fue notificado al consistorio el 29 de diciembre, revoca una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que validaba el acuerdo del Consell del 1 de marzo 2000 por el que se aprobaba de manera definitiva la revisión del PGOU de Castelló, por no exponerse a información pública, ordena la retroacción del procedimiento administrativo al momento inmediatamente anterior a la aprobación definitiva, y que se exponga el proyecto de nuevo al público. La sentencia afirma que la LRAU, ley por la que se guiaron todos los municipios de la Comunitat Valenciana desde 1994 a 2006, infringió la Ley de Suelo Estatal de 1998 y la Constitución Española al no "garantizar la participación pública en el proceso de planeamiento".

 

Moliner descargó así toda la culpa sobre una ley que, según recordó, "aprobó el PSOE", y presentó al equipo de gobierno municipal como "una víctima" de un fallo que es fruto "de una colisión legislativa entre la LRAU y la Ley Estatal del Suelo de 1998". Mencionó el voto particular de una de las magistradas de la sala quinta del Supremo "en el que asegura que la cuestión de inconstitucionalidad de una ley no le corresponde dirimirla al Supremo", y subrayó que en base a dicha sentencia "todos los procedimientos que se han seguido con la LRAU quedan anulados". El concejal destacó que el ayuntamiento "cumplió escrupulosamente todos los preceptos legales, sometió a información pública durante más de dos meses el PGOU y contestó a 6.000 alegaciones. En abril de 1999 el pleno lo aprobó de forma provisional y, con la incorporación de los informes sectoriales, se remitió a la Generalitat Valenciana para su aprobación definitiva". "Según el artículo 38 de la LRAU, no había necesidad de reiterar una nueva exposición al público de los cambios introducidos antes de la aprobación definitiva. Era el procedimiento que siguieron todos los ayuntamientos valencianos", aseveró Moliner, quien advirtió que "este defecto de forma" se puede aplicar en cualquier "caso que se abra en la Comunitat Valenciana"

 

La Ley Estatal de Suelo de 1998 establece que en los planes generales "el trámite de información al público deber reiterarse después de la aprobación provisional cuando en ésta se introduzcan modificaciones sustanciales".

 

El vicealcalde agregó que los responsables de esta resolución "son los redactores de la LRAU y sus herederos en el PSOE, y son ellos quienes deberían dimitir". Resaltó que el PP promovió la LUV "con más mecanismos de participación ciudadana", aunque mantiene el precepto de la LRAU que ahora cuestiona el Supremo.

 

El plan, devuelto a exposición pública
El vicealcalde de Castelló, Javier Moliner, señaló ayer que el ayuntamiento acatará la sentencia del Tribunal Supremo, e informó que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2000 se expondrá de nuevo al público. No descartó, no obstante, la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Constitucional.

 

"Vamos a poner toda la maquinaria municipal para aplicar la sentencia y poder tener el PGOU en el período más breve de tiempo", afirmó. Según explicó, primero se expondrá al público el plan durante un mes para posteriormente remitirlo a la Conselleria de Urbanismo para su aprobación definitiva.

 

Moliner subrayó que este trámite se llevará a cabo "lo más rápido posible", sin especificar plazos. "Expondremos al público un documento que lleva expuesto nueve años", apuntó.

 

Reconoció que tras el fallo permanece vigente el PGOU de 1984, y aseguró que la anulación de la modificación de 2000 no paralizará "ningún plan urbanístico, no habrá ninguna parálisis de los proyectos a desarrollar ni se verán afectadas las inversiones previstas, pues la sentencia no cuestiona el fondo del planeamiento contemplado en el PGOU, si no un defecto de forma en su tramitación".

 

Con todo, el concejal popular admitió que el fallo afecta "a las posibilidades del ayuntamiento a corto plazo", y afirmó que "la aprobación de las licencias urbanísticas continuará adelante, con las reservas legales respecto a su validez", ya que están supeditadas a la aprobación definitiva del PGOU.